La Diputación de Ávila ha puesto en marcha un proceso para impulsar la transparencia y el buen gobierno que regirá no sólo la institución provincial sino que también se hará llegar a todos los municipios.

 

El presidente de la Diputación Provincial, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha explicado que este proceso es de suma importancia para adaptar la institución provincial a las demandas y las necesidades de la ciudadanía, así como de las Administraciones Públicas.

El objetivo, ha indicado, es “impulsar y consolidar” la política de transparencia y buen gobierno de la Diputación, un aspecto en el que se ha venido trabajando desde el inicio de este mandato, pero al que ahora se quiere dar un empuje definitivo, no sólo por obligado cumplimiento de la normativa sino también por la firme convicción de la necesidad de que la ciudadanía conozca con detalle cuál es el trabajo de la institución y a qué se dedican sus recursos.

Con este reto, en el pleno celebrado el pasado 1 de febrero se aprobó, por unanimidad de todos los grupos políticos, la elaboración de una ordenanza de transparencia y acceso a la información pública que implica la adopción de medidas para mejorar los índices de transparencia y que han sido abordadas desde el Área de Economía y Hacienda de la Diputación. También, en junio, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la Ordenanza Provincial de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización, de obligada aplicación para la institución y todos los organismos autónomos, sociedades, fundaciones y consorcios adscritos o en los que la Diputación tiene participación.

El proceso que se inicia ahora abordará el desarrollo específico de los más de 80 indicadores de la ONG Transparencia Internacional, así como los de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo de Europa, de modo que está previsto que la implantación de todos los estándares culmine a principios de 2017.

En el marco de este proceso, se prevé la aprobación de una Estrategia de Transparencia y Buen Gobierno, que enmarcará todas las actuaciones que se van a acometer, sus objetivos y tiempos.

Igualmente, se contará con un Código de Buen Gobierno, que contendrá los compromisos de ética pública de la institución, así como con un Protocolo de Coordinación de Datos, que deberá ser aprobado en Junta de Gobierno y detallará las responsabilidades de cada servicio en materia de transparencia, así como las indicaciones para publicar y actualizar los datos que corresponden a cada área.

Este proceso supondrá una ampliación y mejora considerables del Portal de Transparencia y Buen Gobierno de la Diputación y, además, en respuesta al objetivo de la institución de apoyar, asesorar y dar servicio a los municipios, se incluirán actuaciones de soporte a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños, para que también puedan implantar sus propias políticas de transparencia.